Informe preliminar sobre proyecto de ley que modifica el titulo VI,

de la Conciliación y el Arbitraje Comercial, y sus artículos 15, 16 y 17

de la Ley No. 50-87 sobre las Cámaras Oficiales de Comercio y Producción

Expediente No. 03420-2007-PLO-SE

A:

Lic. Mayra Ruiz de Astwood

Directora Departamento de Comisiones.

De: Dra. Keila Cruz Taveras

Coordinadora técnica.

Asunto Análisis técnico- procesal sobre

el proyecto de ley No. 03420-2007-PLO-SE

Datos del Proyecto: Iniciativa presentada por el Senador Francisco

Domínguez Brito, depositado el 08/5/2007. En

Agenda para tomar en consideración, 08/05/07.

Enviado a Comisión el 15/06/2006. Proyecto

del período 2002-2006.-

ANTECEDENTES

La legislación dominicana actualmente no cuenta con una legislación especial que promueva el arbitraje u otro medio de alterno de solución de controversias como obligatorios u opcionales.

En este sentido los mecanismos legales vigentes se limitan a los artículos 1003 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Existen también leyes especiales pudiendo citar al respecto la ley 50-87 sobre Cámaras de Comercio y Producción del Distrito Nacional del 4 de junio del 1987, y los Reglamentos de Arbitraje de las Cámaras de Comercio y Producción del Distrito Nacional y de Santiago.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Esta iniciativa de ley tiene como objetivo principal, iniciar el proceso de adecuación de República Dominicana con la creación de las herramientas necesarias para una efectiva implementación de las normativas internacionales vigentes relativas a los Medios de Resolución Alterna de Conflictos (MARC), como resultado de los compromisos asumidos por el país en ocasión de los acuerdos de libre comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA), así como la incorporación de nuestro país a la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional, como parte del proceso de avance en la materia en toda América Latina.

Es por ello que este proyecto representa un paso trascendental para iniciar de necesidad imperiosa de legislar sobre el tema, los puntos principales del proyecto son los siguientes:

• La Creación de centros especializados integrados por expertos en el manejo del conflicto y las técnicas que demandan este tipo de medios de mediación, conciliación y arbitraje, que garanticen a los usuarios la posibilidad de que los casos presentados a estos cuentan con las bases legales pertinentes siguiendo el debido proceso, además de ampliar la competencia jurisdiccional de los actuales Consejos de Conciliación y Arbitraje a fin de que los mismos estén aptos para conocer de cualquier controversia.

• Que los centros especializados de la República Dominicana puedan fungir como sede de solución de controversias internacionales.

• Una definición concreta del contexto legal procedimental el cual regirá sobre ésta materia. Por lo que el mismo debe concebirse con el criterio de otorgar garantías que incentiven a las partes para que opten por éste medio de solución de controversias.

• Dispone la creación de un Bufete Directivo para que sirva como ente de incentivo y promoción en el uso de los Medios de resolución alterna de conflictos, este bufete tendrá un papel activo en cuanto a las políticas administrativas del Centro de Resolución Alterna de Conflictos.

FUENTES LEGALES

1. Constitución de la República Dominicana.

2. Ley 50-87 sobre Cámaras de Comercio y Producción del Distrito nacional del 4 de junio del 1987, y los Reglamentos de Arbitraje de las Cámaras de Comercio y Producción del Distrito nacional y de Santiago.

3. Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional.

4. Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

CONCLUSION

La resolución alterna de conflictos es un mecanismo eficaz y expedito, que representa una posibilidad cierta a los miembros de la sociedad para que puedan ejercer el principio de autodeterminación, que les permite alcanzar soluciones propias a sus disputas, con la aclaración de que estos nunca serán sustitutivos del sistema judicial. Sin embargo la creación de centros especializados en la materia, amparados en un marco legal especifico que lo regule, representa un aporte de incalculable valor ya que por medio de este se les proporciona a las partes formulas conciliatorias garantizadas.